El Municipio de Monterrey propuso una reforma urbana para facilitar los trámites de permisos de construcción, sin necesidad de esperar el resolutivo del estudio ambiental desde el inicio. Cámaras empresariales como Coparmex y Caprobi respaldaron la iniciativa al considerar que permitirá reducir costos, tiempos y facilitar la inversión sin poner en riesgo el medio ambiente.
Cámaras Empresariales Apoyan La Reforma Urbana
La Coparmex Nuevo León y la Caprobi respaldaron públicamente la propuesta del gobierno municipal de Monterrey para modificar diversos reglamentos en materia de construcción, protección ambiental, imagen urbana y uso de suelo. Esta reforma, impulsada por el alcalde de la Garza, pretende que los desarrolladores puedan iniciar trámites sin presentar al inicio el resolutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), aunque dicho resolutivo sí será necesario antes de obtener el permiso final.
La directora de Coparmex, argumentó que el cambio busca responder al rezago en la expedición de permisos, tanto a nivel estatal como municipal. Afirmó que esto no exenta a las empresas de cumplir con la normatividad ambiental, ya que la Ley de Medio Ambiente vigente permite que las autoridades estatales revisen obras en cualquier momento y apliquen la regulación correspondiente.
Desde el punto de vista del sector empresarial, se trata de una medida que facilitará el desarrollo urbano, fomentará la inversión y reducirá obstáculos burocráticos sin eliminar las exigencias ambientales. Carrillo también remarcó que cualquier empresario comprometido respetará los lineamientos ecológicos, por lo que esta reforma no representa una amenaza al entorno.
Reforma Podría Disminuir Costos Y Tiempos
El presidente de la Cámara de Propietarios de Bienes Raíces (Caprobi), subrayó que la iniciativa permitirá ahorrar tiempo y dinero, dos factores clave en la industria de la construcción. Según explicó, actualmente los tiempos para obtener resolutivos ambientales pueden prolongarse varios meses, lo cual impacta negativamente en la planeación de proyectos habitacionales y comerciales.
Al permitir que los trámites municipales inicien mientras se gestiona el resolutivo ambiental, se reduce el cuello de botella burocrático. Sin embargo, dejó en claro que el permiso final de construcción no será liberado sin contar con la aprobación ecológica. Por tanto, no se trata de omitir ese paso, sino de cambiar su lugar dentro del proceso.
Esto se traducirá en beneficios directos para las familias que buscan adquirir una vivienda, rentar un departamento o establecer un pequeño negocio. También podría contribuir a mejorar el acceso a la vivienda en una ciudad donde los costos han ido en aumento debido a trabas administrativas y al encarecimiento de insumos.
Consulta Pública Se Extiende Hasta Mayo
Las reformas a los reglamentos municipales fueron sometidas a consulta pública, misma que originalmente cerraría en Abril. No obstante, el municipio anunció que la consulta se ampliará un mes más, hasta mayo, con el objetivo de abrir espacio para más opiniones y enriquecer el proceso con retroalimentación ciudadana.
Esta apertura permitirá que otros actores, como asociaciones de colonos, grupos ambientalistas, universidades y desarrolladores, expresen sus puntos de vista. La administración del alcalde ha señalado que busca construir una normativa moderna, eficiente y en sintonía con las necesidades de crecimiento sostenible de Monterrey.
Por lo pronto, la propuesta ha recibido el respaldo del sector privado, que ve en ella una solución al rezago y la complejidad que ha caracterizado al otorgamiento de permisos. De aprobarse, esta reforma podría convertirse en un parteaguas para el desarrollo urbano en Monterrey y marcar un precedente a nivel estatal.
Normas Ambientales Permanecen Como Requisito Obligatorio
Uno de los puntos más importantes de la reforma es que no elimina el requisito del estudio de impacto ambiental, sino que modifica el momento en el que debe ser entregado. A decir de los empresarios y de las autoridades municipales, esto no significa una relajación en la vigilancia ecológica, sino una reestructuración administrativa que agiliza los tiempos sin comprometer la legalidad.
Las leyes estatales, en sus artículos 39 y 51, establecen claramente que toda obra está sujeta a revisión ambiental, y que las autoridades pueden intervenir en cualquier etapa para verificar el cumplimiento. Por tanto, el desarrollo urbano seguirá condicionado a criterios ecológicos estrictos.
Desde esta perspectiva, el cambio en el orden del trámite busca facilitar la vida a los desarrolladores sin darles una carta blanca para dañar el medio ambiente. Es un intento por equilibrar desarrollo y responsabilidad, algo que las cámaras empresariales consideran urgente ante la parálisis actual.
